Se propone reforzar la protección del informante, concretar el contenido de los marcos estratégicos de integridad y adaptar las obligaciones técnicas a la realidad de las administraciones públicas, especialmente en el ámbito local.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, sometido a trámite de audiencia e información pública el 18 de febrero de 2026, pretende construir un sistema integral de prevención de la corrupción en el sector público. El Observatorio de Integridad del Sector Público ha presentado alegaciones al texto del Gobierno, con un objetivo claro: reforzar la operatividad real del sistema que la ley pretende crear.
Las propuestas del Observatorio parten de la idea de que la integridad pública no puede apoyarse únicamente en principios generales o declaraciones programáticas. Para que el sistema funcione es necesario que las herramientas de prevención estén bien definidas, que las garantías de protección sean efectivas y que las obligaciones puedan aplicarse de forma realista en todas las administraciones públicas. Desde esta perspectiva, las alegaciones se concentran en los siguientes aspectos:
1.- La protección del informante como condición de funcionamiento del sistema
Uno de los aspectos centrales de las alegaciones es la necesidad de reconocer de forma explícita la protección del informante como uno de los pilares del sistema de integridad pública.
La Exposición de Motivos del anteproyecto vincula la futura ley con la medida 7 del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que exige reforzar las garantías legales y materiales de las personas que informan sobre irregularidades y que pueden sufrir represalias por ello. Sin embargo, el Observatorio considera que esta idea debería reflejarse también de manera clara en la estructura del propio sistema de integridad pública.
Por este motivo se propone que, entre los objetivos generales del sistema, se incluya expresamente la garantía de un entorno seguro para comunicar irregularidades. También se plantea que la protección del informante se reconozca como un elemento estructural del sistema, al mismo nivel que otros instrumentos previstos en la ley, como los mapas de riesgo, la diligencia debida o las políticas de integridad institucional.
2.- Instrumentos de prevención más claros y operativos
Otra de las preocupaciones que plantea el Observatorio es que algunos de los instrumentos de prevención previstos en el anteproyecto se describen de forma demasiado abierta o programática.
Uno de ellos es el marco estratégico de integridad y lucha contra la corrupción que cada administración deberá aprobar. El Observatorio propone que la ley defina con mayor claridad qué debe contener ese marco estratégico para evitar que quede reducido a un documento meramente declarativo. En concreto, se plantea que este instrumento debería configurarse como un conjunto integrado de planes y programas orientados a prevenir, detectar y corregir riesgos de integridad, corrupción y fraude. Además, se propone que se determinen sus elementos básicos: un diagnóstico de riesgos, objetivos y líneas de actuación, medidas de prevención y respuesta ante irregularidades y un sistema de seguimiento y evaluación mediante indicadores.
Con ello se pretende que estos instrumentos no se conviertan en simples declaraciones de principios, sino en herramientas reales de gestión del riesgo dentro de las administraciones públicas.
Reforzar el fundamento legal de las obligaciones de diligencia debida
Otra de las cuestiones planteadas por el Observatorio se refiere a la regulación de la diligencia debida en el sector público que hace el Anteproyecto. Aunque se conoce la utilidad de ese desarrollo reglamentario para estandarizar procedimientos y herramientas, desde el Observatorio se advierte de que el texto legal debería concretar el núcleo mínimo de obligaciones en la propia ley. De lo contrario, cuestiones que afectan a la organización administrativa y a las cargas procedimentales podrían quedar excesivamente condicionadas por normas de rango inferior.
Evaluar también los riesgos de represalias y de presión institucional
Las alegaciones también introducen una dimensión que a menudo queda fuera de los sistemas tradicionales de prevención de la corrupción: los riesgos institucionales que pueden dificultar que las irregularidades salgan a la luz. Por ello, el Observatorio propone que los mapas de riesgo que deben elaborar las administraciones incorporen de forma expresa los riesgos de represalias contra informantes, las posibles presiones sobre los responsables de integridad y las situaciones en las que los canales internos de denuncia carezcan de independencia suficiente.
Un sistema viable también para los pequeños municipios
Una de las cuestiones más relevantes desde el punto de vista práctico es cómo aplicar el sistema de integridad previsto en la ley en el ámbito local.
El anteproyecto introduce obligaciones que requieren una importante capacidad técnica y organizativa: elaboración de marcos estratégicos de integridad, análisis de riesgos, sistemas de diligencia debida, digitalización de procesos, etc. Estas obligaciones pueden resultar especialmente complejas para municipios de pequeño tamaño, que cuentan con estructuras administrativas muy limitadas. Por ello, desde el Observatorio se propone introducir una cláusula de proporcionalidad que permita adaptar su implantación a la realidad del ámbito local. Para ellos se plantean soluciones, como la utilización de modelos simplificados de planes de integridad, la adhesión a planes marco elaborados por comunidades autónomas o diputaciones, el uso de herramientas comunes o la posibilidad de compartir servicios de integridad y análisis de riesgos entre distintas administraciones.
Tecnología con garantías de transparencia y control
El anteproyecto prevé también el uso de herramientas tecnológicas para apoyar la gestión de riesgos de integridad. En este ámbito, el Observatorio plantea la necesidad de introducir garantías mínimas de gobernanza y auditabilidad de los sistemas utilizados. La experiencia comparada en analítica de riesgos muestra que, si no se establecen estándares claros, pueden surgir problemas relacionados con la trazabilidad de las decisiones, la calidad de los datos o la aparición de sesgos en los sistemas de análisis, evitando que la generalización del uso de tecnología se apoye en sistemas heterogéneos o poco transparentes.
Reforzar la protección prevista en la Ley 2/2023
Las alegaciones también se refieren a la normativa vigente en materia de protección de informantes. En este ámbito, el Observatorio propone tres mejoras concretas para rellenar algunas lagunas detectadas en la Ley 2/2023.
En primer lugar, reconocer de forma expresa la protección de quienes alertan de irregularidades en el ejercicio directo de sus funciones profesionales o públicas, como puede ocurrir en el caso de interventores, secretarios-interventores, letrados o técnicos.
En segundo lugar, se plantea que la protección frente a represalias laborales alcance también a quienes comuniquen esas irregularidades que han conocido en el contexto de su relación laboral o profesional, directamente ante la Fiscalía, ante la autoridad judicial o antes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por último, se propone que la protección frente a represalias no esté limitada a los dos años que actualmente establece la Ley 2/2023. En su lugar, la propuesta sostiene que dicha protección se mantenga mientras exista una relación causal entre la comunicación realizada y la represalia sufrida.
Un sistema de integridad orientado a la eficacia real
En conjunto, las alegaciones del Observatorio plantean la necesidad de reforzar algunos elementos clave para que el sistema sea realmente eficaz, en el entendimiento de que la integridad pública exige que los principios y planes se materialicen con reglas claras, garantías efectivas y mecanismos de cumplimiento para su puesta en práctica.
