El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada. Con estos cambios, el Gobierno andaluz persigue dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica este proceso con la mayor celeridad posible, mientras sigue trabajando en la redacción de una nueva Ley.
La Ley 3/2005, de 8 de abril, regula las incompatibilidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía durante el ejercicio de estos, pero también extiende sus efectos una vez producidos el cese a los dos años posteriores. Sin embargo, no se regula ningún procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administración sobre si la labor profesional que vaya a desarrollar en esos dos años se ajusta a la normativa de incompatibilidades, como sí lo hace cuando se está en el ejercicio del cargo.
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