El Consejo de Europa publicó el pasado 10 de diciembre un informe elaborado por el Grupo de Acceso a la Información, en el que analiza la adecuación de la Ley española de Transparencia al Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos.
El documento reconoce los avances logrados por España en materia de transparencia proactiva, la formación de los empleados públicos y la mejora de los sistemas de gestión documental. Según el grupo de expertos, la normativa española abarca a todos los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio y la mayoría de las limitaciones al derecho de acceso a la información se ajustan a las permitidas por este tratado internacional.
El informe valora de forma positiva la exigencia de realizar una evaluación caso por caso para determinar si existe un interés público superior que justifique la divulgación de la información solicitada, así como la ausencia de formalidades excesivas para la presentación de solicitudes de acceso a documentos oficiales.
No obstante, los expertos formulan varias recomendaciones a España. Entre ellas, destacan la necesidad de reconsiderar las disposiciones legales que permiten a las autoridades denegar el acceso a información considerada auxiliar, como borradores, documentos de opinión, comunicaciones internas, informes o intercambios entre órganos administrativos. Asimismo, instan a reducir los plazos necesarios para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
En relación con las reservas formuladas por España al tratado —en particular las referidas al secreto estadístico, la información con relevancia tributaria y determinados documentos de la Seguridad Social—, el Grupo de Acceso a la Información considera que los objetivos perseguidos podrían alcanzarse mediante la aplicación ordinaria del artículo 3 del Convenio. Por ello, invita a las autoridades españolas a reflexionar sobre la necesidad de mantener dichas reservas y, en función de sus conclusiones, valorar su posible retirada.
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