El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 17 de febrero de 2026 el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que impulsa el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en el sector público español. Esta iniciativa forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, un marco estratégico que busca modernizar el combate a las prácticas corruptas y elevar los estándares de conducta en la gestión pública.
Este anteproyecto se integra en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, la hoja de ruta del Ejecutivo para modernizar los instrumentos de control y elevar los estándares éticos en la gestión pública. Con ello, el Gobierno impulsa una estrategia integral que combina prevención, supervisión y mejora de los mecanismos de rendición de cuentas en todas las administraciones.
La futura ley plantea una revisión y actualización de distintos instrumentos normativos con el objetivo de cerrar espacios de opacidad y reforzar los sistemas de control interno. Entre sus ejes prioritarios se encuentran el fortalecimiento institucional, la detección temprana de riesgos y la mejora de la coordinación entre organismos con competencias en materia de integridad pública.
Además, la iniciativa aspira a consolidar una cultura de tolerancia cero frente a la corrupción, promoviendo estándares más exigentes de conducta y responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas. De este modo, el texto se configura como una pieza central en la estrategia estatal para prevenir irregularidades y garantizar una gestión más ética, transparente y eficiente de los recursos públicos.
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