España es uno de los cinco Estados de la OCDE que no ha definido una estrategia anticorrupción nacional ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este riesgo en el sector público. Por el contrario, el país se sitúa a la cabeza en la definición de criterios de auditoría para perseguir los delitos de corrupción, aunque en la práctica no logra hacer efectivo su cumplimiento.
Según revela un informe del organismo publicado este martes, de media, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cumplen el 45% de las recomendaciones sobre cómo adoptar un plan estratégico de lucha contra la corrupción, mientras Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega, junto con España, ni siquiera cuentan con dicho marco.
Fuente: El Mundo.
