El pasado 28 de enero, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado. Se trata de un conjunto de medidas que tienen como fin consolidar y promover una cultura de integridad y valores comprometidos con la ética en el desarrollo profesional del personal de la Administración General del Estado. Con este sistema se cumple con el Plan de Acción para la Democracia, que recoge este Sistema como un pilar de su desarrollo.
Tal y como recoge el documento: «El Sistema de Integridad de la Administración General del Estado que aspira a incorporar elementos tan esenciales como un código de buena administración para los empleados públicos, un código de buen gobierno para los altos cargos, una estructura organizativa del propio Sistema de Integridad,canales internos de información y buzones de ética institucional, sin perjuicio de otros elementos no menos esenciales como un sistema de gestión de riesgos de integridad,
actividades y medios de formación y difusión y los mecanismos de planificación, seguimiento, evaluación y revisión del propio Sistema.»
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Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, con el fin de regular las actividades de los grupos de presión, conocidos como lobbies.
Este proyecto afectaría a grupos de interés (incluyendo personas físicas, jurídicas y agrupaciones sin personalidad jurídica), y el personal público susceptible de influencia. Entre las actividades de influencia realizadas por estos grupos, se recogen reuniones, la organización de campañas de comunicación, plataformas o redes.
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