Ya ha pasado un año sin que el Gobierno haya nombrado a la Autoridad de Protección del Informante (AAI), una pieza clave para proteger a los denunciantes de delitos de corrupción tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. Las Cortes aprobaron la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero sin esta autoridad, las personas que alerten de estas prácticas no cuentan con una protección completa. Es decir, no existe una institución que vigile el cumplimiento de la ley.
La norma prevé la creación de la Autoridad de Protección del Informante, un canal externo alternativo al canal interno que deben tener implementado tanto las empresas como las entidades públicas. Este canal externo debe estar disponible para dar más garantías a los informantes de delitos y malas prácticas en caso de que teman represalias o para que se sientan más cómodos y seguros al plantear su denuncia.
