
Este martes el OISP coordinó la mesa de Integridad en el Sector Público, dentro del II Congreso de Integridad y Protección de Informantes en la sede de la UNED.
Dentro de esta jornada se trataron temas de gran interés, relativos a la integridad pública, un elemento que ya no puede entenderse únicamente como una exigencia ética, sino que constituye un verdadero estándar de buena administración: exige prevención, sistemas organizativos sólidos, cultura institucional, trazabilidad en la actuación pública y mecanismos eficaces de protección de quienes comunican irregularidades.
Esta mesa abordó precisamente esa dimensión práctica de la integridad: cómo se diagnostica, cómo se mide, cómo se incorpora a las instituciones y cómo se conecta con los sistemas internos de información y con la protección real del informante.
Contamos con unas intervenciones de enorme interés. En primer lugar, José García Fanjul nos presentó la herramienta de autoevaluación del OISP, bajo una idea muy sugerente: medir para transformar. A continuación, Elena Hernáez Salguero abordó el papel de las entidades fiscalizadoras superiores en la salvaguarda de la integridad. Después, Manuel José Pérez Piñas nos ofreció una visión práctica desde las oficinas antifraude autonómicas. Marta Cabrera Arrate analizó la protección del informante en los parlamentos autonómicos, y Maite Basabe Txabarri trató la configuración de los sistemas internos de información autonómicos.
Belén López, una de las integrantes de la mesa y vocal del OISP destacó que «la riqueza de esta mesa residió precisamente en esa mirada plural: academia, órganos de control, oficinas antifraude, parlamentos y administraciones autonómicas. Porque la integridad pública no se construye desde un único lugar, sino desde la colaboración institucional, la experiencia práctica y el compromiso compartido con una administración más confiable».

